Un galpón con techo de chapa y piso de tierra alberga en una tarima situada en el centro un ataúd sin más lujo que cuatro manijas de metal plateado. El galpón es el templo evangélico de la colonia La Primavera, en el norte de Formosa, y el cajón contiene el cadáver de Roberto López, miembro de la comunidad qom (toba).
 

Una camioneta desvencijada hará las veces de coche fúnebre, encabezando un cortejo formado por unas 200 personas. Hay militantes sociales y periodistas de radios indígenas, algunos de medios locales y una cámara de la televisión pública. Sorprende la presencia del movilero de Todo Noticias (TN) Julio Bazán y su súbito interés por la aflicción de los pueblos originarios.
 

Antonio Nieva, dirigente de la agrupación Libres del Sur, es parte de ese cortejo y mientras camina al sol por el costado de la ruta rumbo a un cementerio rural en el cual será sepultado López, afirma a EL DIARIO que en buena medida lo sucedido se explica en la historia del patriarca de la familia Celía, con quienes los tobas se disputan la posesión de las tierras.
 

A Pedro Celía, Nieva lo vincula con el siniestro coronel López, a cargo del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales durante el gobierno de facto de Juan Carlos Colombo, condenado el año pasado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
 

Historias de despojos violentos, incendios de ranchos y hasta de desalojos mediante el uso de topadoras circulan en los campos formoseños, con el coronel López como protagonista. «Pedro Celía era su hombre en el departamento Pilcomayo. El que cuidaba las tierras en esa zona», explica Nieva. Las viejas costumbres persisten y se transmiten de generación en generación: hoy Celía y sus hijos andan permanentemente armados, custodiando las tierras a punta de pistola.
 

La historia de esta familia, sumada a una política a la que Nieva considera «intimidante» hacia los aborígenes por parte del gobierno formoseño que encabeza Gildo Insfrán hace tres mandatos, más el rol de algunos medios de comunicación «que se dedican a fogonear la hostilidad» son el contexto en el que el dirigente sitúa las muertes.

Llega la noche y en La Primavera las madres y los ancianos no duermen. Es una costumbre ancestral permanecer despiertos ante el dolor. Ricardo Mendoza, diputado provincial toba, decide ir a ver cómo están.
Se queda hasta la madrugada charlando con algunas familias y con los pastores evangélicos que están instalados en la comunidad. Los encuentra alertas y nerviosos. «En esta democracia hay quienes se acercan por interés a las comunidades y pretenden usar a nuestros hermanos para sus metas. En este momento hay que tener cuidado y estar tranquilos», advierte.
 

Mendoza asumió en diciembre de 2007 e integra el bloque del Frente para la Victoria. Además, tras elecciones libres en su comunidad, representa a la etnia toba en el directorio del Instituto de Comunidades Aborígenes de la provincia.
 

A punto de entrar a una reunión en la que contará detalles de su visita a La Primavera a los miembros de su bancada, hace para EL DIARIO su análisis de lo sucedido: «Hoy se lo señala el gobernador Gildo Insfrán como el único responsable de estas muertes, pero también nosotros los aborígenes tenemos un poco de responsabilidad en todo esto. Hay que buscar la paz. No dejar que nos marginen está bien. Pero que no haya muertes», exhorta.
 

«La Justicia tendrá que investigar. Yo no sé lo que pasó. Pero Insfrán acompañó las políticas que nos trajo Néstor Kirchner, el presidente que le devolvió a Formosa su lugar dentro de la geografía argentina, de la que estábamos excluidos», menciona Mendoza. Y recuerda imágenes de Kirchner «subido a un acoplado charlando con los tobas».
 

Luego, describe lo que sucede en torno a los campos: «Tenemos nuestra tierra, llega el blanco y se instala sin consultar. Va corriendo los alambres y nos va empujando, nos va sacando. Y a los aborígenes a veces nos cuesta enfrentar a los blancos. Tenemos pocas palabras. Sabemos discutir en nuestro idioma. Pero después queremos decir muchas cosas y no es fácil. Entonces, defendemos nuestro lugar como podemos».
 
 

En 2009, en el acto de inicio del ciclo lectivo en Salta, la presidenta Cristina Fernández pidió «perdón por tanto tiempo de olvido» y agradeció «la infinita paciencia de generaciones de argentinos de pueblos originarios, que esperaron décadas sin levantar el puño».
 

La mandataria puso en marcha enseguida un paquete de políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los aborígenes, cuyo fortalecimiento anunció en mayo de 2010, al recibir a representantes de 30 pueblos originarios que llegaron a Plaza de Mayo luego de marchar durante diez días en tres columnas que atravesaron el país a pie.
 

No fue suficiente para evitar las muertes ocurridas el martes, cuando la policía formoseña ejecutó la orden judicial de desalojar la ruta nacional 86, que los qom cortaban desde hace cuatro meses en reclamo de la posesión de las tierras que disputan con los Celía, situación que se precipitó cuando el gobierno provincial dio por válida la donación de una fracción de las tierras por parte de la familia terrateniente y mandó a construir allí un instituto universitario, desconociendo el reclamo indígena.
 

También murió el oficial principal Eber Falcón y permanecen internados los tobas Samuel Garcete y Sixto Gómez -a quien el miércoles se dio por fallecido- y el agente Leonardo Bence.
 

Felix Díaz, líder de los qom, denunció que se detuvo a niños y embarazadas. Y aseguró que la policía los golpeó, quemó casas, ropa, bicicletas. «A los heridos los esposaron y cuando se dormían en la celda les tiraban agua caliente para que no se durmieran», agregó.
 

Desde el gobierno provincial no se contestaron las acusaciones. Sólo el ministro de Gobierno salió a defender el accionar policial y a asegurar que la Justicia se encuentra investigando los hechos. La causa está a cargo del juez Santos Garzón, quien tiene su hipótesis: «La policía fue atacada por la gente de la colonia. Se arrojaron al piso y ahí fallecieron las dos personas», simplifica. Lógicamente, informa a la prensa que «no hay imputados ni detenidos».
 
 
Fuente El Diario (Entre Rios)